El estado puede recuperarse para ser el principal impulsor del desarrollo. Proponemos un gobierno democrático y austero que esté al servicio de las personas y su bienestar. Queremos un país digno hacia dentro y hacia afuera.
Convertir al Estado en promotor del desarrollo político, económico y social del país. Distribuir con justicia la riqueza de la nación. Hacer que el presupuesto sea realmente público. Disminuir la desigualdad y garantizar las condiciones para una vida digna. Cuidar los recursos naturales. Actuar de manera pacífica, legal y democrática.
Vigilar estrictamente a cualquier actor privado que realice tareas gubernamentales o reciba recursos públicos. Establecer tipos penales especiales por opacidad, simulación o colusión. Elaborar padrón público de contratistas sancionados o incumplidos.
Fortalecer el hábito de la honestidad, poniéndola en el centro del debate público y aplicarla como principio básico para la regeneración nacional. Eliminar el fuero al presidente. Hacer obligatorias las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todos los servidores públicos.
Gobernar con sujeción a las leyes. Aplicar una política de austeridad que complemente el combate a la corrupción que permita contar con recursos suficientes para promover el desarrollo y garantizar el bienestar de toda la ciudadanía, sin necesidad de aumentar impuestos ni crear nuevos.
Eliminar las millonarias pensiones y los privilegios indebidos que anualmente asigna el gobierno mexicano a los expresidentes. Promover una iniciativa de ley que defina con toda claridad la situación jurídica y salarial de los expresidentes.
Promover reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para ampliar la figura de “acción penal por particulares”, de manera que cualquier persona física o moral pueda ejercer acción penal sobre delitos por hechos de corrupción.
Transparencia total para que cada peso público sea monitoreado en línea a través de procesos de compras en tiempo real. Prohibir las adjudicaciones directas. Establecer responsabilidades administrativas y penales al incumplimiento de licitaciones públicas
Evitar la participación de empresas 'fantasma'. Verificar los precios de mercado antes de cualquier adquisición. Participación de vigilantes ciudadanos. Concentrar compras recurrentes para evitar duplicidades y desperdicios de bienes y servicios.
Entablar un nuevo diálogo con América del Norte, manteniendo cooperación para el desarrollo y asegurando la defensa de los mexicanos. Recuperar la agenda de desarrollo con América Latina e incrementar la participación de México en la Unión Europea y el mercado asiático
Impulsar el servicio civil de carrera en la procuración de justicia mediante capacitación única permanente y obligatoria. Especialización de Ministerios Públicos y Policías Ministeriales por tipo de delito. Brindar capacitación por etapa procesal.
Priorizar la inteligencia sobre la fuerza. Garantizar la coordinación de los cuerpos de seguridad y las instancias de procuración de justicia. Mejorar la profesionalización y las condiciones socioeconómicas de los cuerpos policiales. Crear Policía Turística y analizar la creación de una Guardia Nacional.
Relanzar el programa nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia. Diferenciar las labores prioritarias de prevención focalizada a grupos en situación de riesgo del fortalecimiento a las capacidades de las corporaciones policiacas.
Implementar auditorías y buenas prácticas en los órganos del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Dar mayor autonomía y facultades de sanción a la Auditoría Superior de la Federación. Promover la reinserción social y mecanismos alternos de solución sobre el enfoque punitivo.
La paz y convivencia social se recuperarán enfrentando el desempleo, la pobreza y desintegración familiar. Urge sustituir el narcotráfico como opción económica para los jóvenes por oportunidades de educación y trabajo honesto.
Establecer un mando único policial con 32 corporaciones estatales, para hacer realidad la estandarización y profesionalización de las policías. Implementar la filosofía de policía de proximidad en las tareas de seguridad pública
Que estudiantes de derecho realicen su servicio social en clínicas de asesoría jurídica gratuita, apoyando a la población a proteger y documentar sus transacciones y trámites para darles certidumbre y evitar conflictos legales
Actuar en dos frentes: a través de un rediseño institucional y mediante reformas legislativas. Reformar el 19 constitucional para establecer prisión preventiva oficiosa a delitos relacionados a corrupción. Dotar de mayor autonomía a los servicios periciales. Establecer el servicio público profesional en procuración de justicia.
Convocar a académicos, profesionales, jueces, magistrados y la sociedad en general a analizar la eficiencia del Consejo de la Judicatura, la obtención de plazas para jueces y magistrados de circuito y el sistema de nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte
Revisar a fondo el sistema penitenciario nacional. Implementar medidas de emergencia en favor de la reinserción social. Separar a internos federales de los que cometieron delitos del fuero común. Dividir a internos en tres áreas según tiempo de permanencia (nuevo ingreso, más de un año, por alcanzar libertad), especializando la atención.
Reformar el 35 constitucional para ampliar el alcance de las consultas populares. Impulsar la transparencia y datos abiertos a través de las nuevas tecnologías. Rediseñar todas las instancias federales de transparencia y rendición de cuentas
Un desarrollo sustentable a partir de las fortalezas de cada región, impulsado por la infraestructura de comunicaciones y tecnología necesaria para generar crecimiento equitativo. Es hora de que el trabajo dignifique a las personas.
Activar una Zona Económica Libre en toda la frontera norte del país para rescatar su potencial, generando empleos para migrantes y atrayendo al consumidor fronterizo de ambos países. Brindar facilidades de financiamiento y tributarias junto a inversión de infraestructura.
Crear más empleos y mejor remunerados e impulsar la creación de empresas. Incrementar y diversificar las exportaciones. Fomentar el desarrollo de alta tecnología en sectores como energías limpias, programación y robótica. Crear consorcios de PYMES mexicanas.
Aumentar la generación de centrales hidroeléctricas actuales y construir nuevas para reducir el uso del gas natural e impulsar la reducción de tarifas eléctricas domésticas y de zonas preferenciales. La generación de esta energía limpia se hará cuidando ecosistemas y comunidades
Establecer una red nacional de estaciones solares para incentivar vehículos eléctricos. Desarrollar industria de partes e insumos fotovoltaicos, eólicos y de autos eléctricos. Llevar energías renovables a 45,000 comunidades marginadas. Impulsar la sostenibilidad energética de las dependencias federales. Estímulos fiscales y crédito a empresas que instalen energías renovables.
La recuperación de la seguridad y de la sustentabilidad energética serán la guía de la nueva política petrolera. Invertir en PEMEX, construyendo dos refinerías en el sexenio e impulsando refinerías de biodiesel, acelerando al mismo tiempo la transición hacia energías renovables.
Rehabilitar las centrales termoeléctricas y construir nuevas en sitios de plantas descontinuadas. Mejorar la eficiencia mediante la modernización de sistemas, uso dual de combustibles y aumento de capacidad con base a ciclos combinados de gas natural.
Pavimentar con concreto el acceso a las cabeceras municipales de Oaxaca, beneficiando a comunidades identificadas como de alta marginación. Se utilizará el procedimiento constructivo, combinando el empedrado con franjas de concreto para el rodamiento.
Asegurar la disponibilidad de agua potable en las 13 regiones hídricas del país. Construir plantas desaladoras en la zona norte y acueductos en la zona centro y sur. Mejorar la distribución en las zonas urbanas, priorizando zonas de baja disponibilidad del líquido
Mejorar la conectividad y detonar el empleo con la modernización de la red carretera federal, lo que permitirá aumentar la competitividad, reducir los sobrecostos de transporte y detonar el empleo. Se buscará comunicar a zonas de alta marginación y población indígena.
Conformar un sistema complementario de aeropuertos, coordinando vuelos comerciales nacionales e internacionales, así como vuelos de carga, entre el actual AICM y el Aeropuerto Militar de Santa Lucía, que se habilitaría como aeropuerto internacional
Ampliar la cobertura de banda ancha para las zonas marginadas de México a precios accesibles. Crear el Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha e incentivar a los operadores a ampliar la cobertura mediante un uso más eficiente del espectro radioeléctrico.
Generar un proyecto integral de autosuficiencia hídrica que contemple el abastecimiento eficiente de agua potable para los sectores urbano e industrial, el abastecimiento al sector agrícola y que promueva la generación de energía hidroeléctrica.
Invertir 45 mil millones de pesos de ayuda directa a población damnificada. Reconstruir viviendas dañadas, infraestructura carretera y de transporte, patrimonio histórico y cultural, infraestructura educativa y de salud. Realizar el proceso con la participación de las comunidades y con la guía de expertos.
Detonar el desarrollo de la región sur de la península de Yucatán construyendo un tren de mediana velocidad que conecte la zona turística de la Riviera Maya. Se mejoraría el flujo turístico, incrementando la competitividad del Mundo Maya.
Modernizar el corredor del Istmo de Tehuantepec para detonar el desarrollo de la región sur-sureste. Se renovará y construirá infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria para captar la demanda de transportación de mercancías entre el océano pacífico y el Golfo de México-Océano Atlántico.
Apoyo para incrementar la producción en los cultivos, principalmente granos, para abatir el actual déficit comercial en ese segmento. Recuperar superficies afectadas y desarrollar nueva infraestructura hidroagrícola para incorporar nuevas áreas de cultivo.
Instrumentar una política transversal de formación profesional y capacitación laboral que adapte los programas a los cambios tecnológicos, promueva mecanismos de financiamiento público y privado y se articule con la obligación de las empresas de capacitar a sus trabajadores, creando modalidades diferentes para lograr su cumplimiento.
Fortalecer el servicio de intermediación laboral con el fin de vincular a las empresas que ofrecen vacantes de empleo y a los trabajadores a través de una plataforma digital. Se pretende contar con la mayor red de empleo basada en la web a nivel nacional.
Impulsar un aumento al salario mínimo que permita a las personas vivir con dignidad. Se propone una recuperación paulatina para cumplir la norma constitucional, con miras a superar la línea de bienestar mínimo señalada por el CONEVAL en seis años.
Establecer un reconocimiento a empresas que otorguen salarios justos. La certificación podrá transparentarse de manera pública por empresas y entidades económicas. Promover la vigilancia ciudadana de los derechos laborales y otorgar a los consumidores poder de decisión para favorecer productos y servicios de empresas que brinden salarios justos.
Fortalecer el subprograma “Repatriados Trabajando”, para dar cobertura suficiente a los trabajadores migrantes que retornan al país. Realizar acuerdos con instituciones educativas y el sector productivo para abrir oportunidades acordes a las habilidades e intereses de las personas que regresan.
Ampliar el programa de certificación de habilidades y destrezas individuales, de acuerdo a las necesidades del mercado laboral. Se mejorarán las posibilidades de encontrar trabajo para las personas sin títulos académicos, mientras se da certeza a los empleadores de sus competencias.
Promover la negociación colectiva por ramas de actividad a través de espacios de diálogo social entre trabajadores y patrones, facilitados por el Estado. Se coadyuvará en el incremento a la productividad, reducir la conflictividad laboral, mejorar salarios y prestaciones laborales.
Recuperar la función de inspección de trabajo para lograr el cumplimiento de la normatividad. Ampliar la plantilla de inspectores, dotándolos de infraestructura, capacitación y medios tecnológicos, todo enmarcado en una estrategia que mejore la coordinación entre autoridades fiscalizadoras.
Cero corrupción y absoluta transparencia en la gestión del gobierno. No permitir el robo de impuestos. Reorientar gasto improductivo de la burocracia a proyectos de inversión con impacto económico y social. Impulsar el desarrollo regional sustentable para crear empleos en lugares de origen de la gente.
Diseñar un programa especial de financiamiento a la economía a partir de su reingeniería institucional; cambios en la regulación; el fomento a la especialización; tratamiento y liberación con descentralización operativa de la banca de desarrollo y la entrada de nuevos jugadores.
Aumentar el número de jugadores en el sector bancario y propiciar condiciones para la competencia. Estimular la creación de bancos múltiples y de desarrollo en nichos con oportunidades de mercado. Aprovechar tecnologías de información para incrementar el acceso de la población a servicios bancarios.
Formular un programa estratégico de financiamiento a la vivienda, sin presionar a las finanzas públicas ni generar deuda federal. Considerar el financiamiento a vivienda un instrumento de crecimiento nacional, impulsado mediante instrumentos de bursatilización, mercado de hipotecas y fondos individuales de garantía.
Mantener presencia en los sectores tradicionales e incursionar en nuevos como la manufactura 3D, robótica y nanotecnología. Fortalecer el capital humano especializado y fomentar la vinculación de universidades e industria. Apoyar al emprendedurismo, crear laboratorios de innovación y fomentar inversión en desarrollos tecnológicos e investigación.
Consolidar destinos posicionados e incentivar nodos de desarrollo turístico regional en zonas con potencial. Ampliar oferta turística hacia mercados potenciales y emergentes. Aumentar el turismo interno con paquetes destinados a segmentos de bajos recursos. Fomentar prácticas sustentables en destinos turísticos.
Priorizar la sustentabilidad en todas las políticas públicas de los 3 niveles de gobierno. Aumentar el presupuesto del sector ambiental. Desarrollar una estrategia nacional de comercio justo que incentive el consumo de productos locales. Establecer metas claras para mitigar el cambio climático.
Mantener la producción pesquera y acuícola nacional por encima de los 1,7 millones de toneladas, aplicando medidas de producción sustentables e impulsando la acuacultura. Promulgar la nueva Ley de Pesca y Acuacultura Responsables. Fomentar el desarrollo tecnológico nacional para fortalecer al sector.
Restablecer en 50 millas a partir de la costa la zona de exclusividad para Pesca Deportiva. Establecer vigilancia en embarcaciones medianas y mayores dedicadas a la pesca de escualos. Otorgar apoyo técnico y regulatorio para acentuar la vigilancia marina con sistemas satelitales.
Implementar estrategias dirigidas a poner en marcha micro-empresas sociales comunitarias o unidades de producción acuícola en modalidades sustentables. Reforzar el financiamiento, entrenamiento y mercado, concentrándose en regiones clave.
Fomentar la producción de alimentos en escuelas y parcelas comunitarias y ejidales, para la distribución de desayunos escolares y de productos agrícolas en casas de salud, hospitales o comedores de la localidad. La estrategia contempla financiamiento, asistencia técnica y capacitación.
Cultivar maíz y frijol como elementos estratégicos para la seguridad alimentaria bajo el sistema MIAF (Milpa Ampliada con Árboles Frutales) por parte de las familias rurales en la localidad. Incrementar de manera significativa el ingreso neto familiar en diferentes épocas del año.
Mejorar las capacidades técnicas y la productividad de los jornaleros agrícolas mediante capacitación y desarrollo de habilidades específicas. Invertir en la mejora de vivienda e infraestructura. Eliminar la mano de obra infantil en la agricultura. Favorecer la reinserción laboral de jornaleros repatriados.
Impulsar un mejoramiento genético del ganado bovino en el sur y sureste del país. Pagar por becerro producido y comercializado en México, premiando la producción, no el inventario. Eliminar intermediarios construyendo instalaciones para comercializar en subastas regionales.
Transferir y aplicar tecnología existente para incrementar la productividad agrícola a través de proyectos sectoriales como cereales, café, maíces y ganadería. Impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico e innovación agrícola para incrementar la productividad, mejorar la sustentabilidad ambiental y promover la inclusión.
Impulsar integración regional en redes de valor y logística. Ordenar las actividades primarias en Centros de Transformación Rural. Desarrollar agroparques regionales en puntos estratégicos para mejorar la logística. Poner en marcha 10 sistemas agroalimentarios regionales durante los próximos seis años.
Mejorar el ingreso de los productores de maíces criollos de pequeña y mediana escala, aumentando su productividad y competitividad. Promover la innovación e intercambio de conocimiento. Promover el comercio y consumo de maíces criollos nacionales desarrollando nuevos productos y alternativas culinarias.
Reactivar la producción de leche fluida por parte de pequeños y medianos productores. Fijar un precio garantía que lo convierta la actividad en negocio rentable. Abrir opciones de financiamiento con tasas de interés competitivas. Abaratar costos reduciendo la aplicación de fórmulas o aditivos sustitutos de la leche.
Establecer un sistema multianual de precios piso garantizados y de certidumbre en la comercialización de cosechas. Poner en marcha un nuevo modelo de financiamiento para la autosuficiencia alimentaria. Impulsar la innovación tecnológica y la asistencia técnica a ras de tierra para todas las unidades de producción agropecuaria.
Invertir 61 mil millones de pesos en un programa de Seguridad Alimentaria que beneficie a 1.2 millones de hogares rurales en condiciones de pobreza. Asegurar a pequeños productores y campesinos una canasta integral servicios públicos básicos como organización, financiamiento e infraestructura.
Democratizar el acceso al financiamiento. Fortalecer y profundizar la atención al pequeño productor. Generar instrumentos financieros diferenciados de acuerdo a la actividad y región. Transformar la banca de desarrollo rural, integrando los servicios. Actualizar los sistemas de Administración de Riesgo del Sistema de Garantías Agropecuario y Rural.
Recuperar la producción renovando cafetales con plantas resistentes a la roya. Establecer un programa multianual de fomento productivo diferenciado por región y tipo de productor. Reposicionar ventaja competitiva como país de café arábiga, cafés de especialidad y orgánicos, tanto para mercado interno como exportación.
Plantar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sur-sureste del país en los próximos seis años, generando restauración ecológica y empleo. Impulsar prácticas agroecológicas que aumenten la productividad sin dañar la naturaleza. Promover el fortalecimiento de la economía de autoconsumo en comunidades.
Lograr la soberanía alimentaria. Impulsar una agricultura basada en el conocimiento, fortaleciendo el sistema de innovación. Promover empresas productivas y sustentables vinculadas a las cadenas agrícolas de los mercados. Usar los recursos con enfoque sostenible para una agricultura resiliente.
Educación para toda la juventud, sin excusas ni exclusión. Planteamos un país que apuesta a crecer a través del conocimiento, la ciencia y la tecnología, con una clara brújula moral.
Generalizar la gratuidad en todos los niveles educativos. Establecer un programa educativo y de estímulos laborales para mayores de 15 años que no han concluido educación básica. Incorporar a universidades públicas y privadas a jóvenes que deseen estudiar y cuenten con certificado de estudios de media superior.
Incluir a 150,000 jóvenes actualmente excluidos del Subsistema de Educación Media Superior para que completen su bachillerato. Integrar a 5,000 docentes y brindar una beca anual de 29,000 pesos por alumno. Prepararlos para que continúen sus estudios superiores o encuentren trabajo.
Reconocer autonomía a las universidades privadas que han alcanzado altos estándares de desempeño, permitiendo un nuevo esquema de colaboración que fomente la inversión e innovación en la educación superior. La autoridad correspondiente seguiría supervisando su actividad.
Fortalecer la industria cinematográfica nacional y proteger el cine mexicano como bien cultural. Garantizar mayor difusión de producciones nacionales mediante el aumento del porcentaje mínimo de tiempo de exhibición (del 10% al 30%). Promover regulación para obtener horarios con afluencia. Aumentar la temporalidad mínima obligatoria a dos semanas en cartelera.
Promover el acceso a la cultura de manera gratuita, priorizando a la población vulnerable, respetando la diversidad cultural y trabajando directamente en comunidades y barrios con gran riqueza cultural pero que no cuentan con una oferta permanente. Posicionar al arte y la cultura como herramientas estratégicas para la reconstitución del tejido social y el desarrollo humano.
Un gobierno que se preocupa por el bienestar de las personas: desde el rescate de la juventud hasta la atención a las personas mayores. Que vivir con dignidad sea una garantía.
Atender la pobreza primero por el ingreso y continuar con el desarrollo de competencias. Crear una red de apoyo a jóvenes en condiciones vulnerables. Construir verdadera igualdad de género y combatir la violencia contra las mujeres. Apoyar a los grupos vulnerables a través de transferencias directas.
Atender anualmente a 2.6 millones de jóvenes en situación vulnerable. Integrar a las y los jóvenes de 15 a 29 años en actividades de desarrollo humano, educativas, productivas, académicas, comunitarias, de capacitación y certificación laboral e incorporación al servicio público.
Fortalecer el Sistema Público de Salud (SPS) para alcanzar un enfoque no sólo curativo, sino también preventivo. Lograr cobertura universal, donde medicamentos y servicios públicos en consultorios, clínicas y hospitales, desde el primer nivel de atención hasta la medicina especializada, sean accesibles y gratuitos.
Incorporar la cultura física en la ciudadanía. Integrar un Comité Nacional de Cultura Física y Deporte que contribuya transversalmente a las políticas públicas. Fomentar el uso de la bicicleta desde la niñez, incluyendo el desarrollo de infraestructura vial. Crear Centros Deportivos Municipales de desarrollo comunitario.